Médico y activista de la plataforma Marea Blanca, plataforma en defensa
de la sanidad pública.
Esta es una batalla que
viene de tiempo. La
pretensión / decisión del Gobierno de Cataluña, y en particular de su
Departamento de Economía, pilotado por el vicepresidente Pedro Aragonés, de
legislar más allá de la vigente Ley estatal de Contratos del sector
público .
La gran
noticia es que este lunes 3 de febrero de 2020, esta amenaza de Ley fue tumbada sin remisión
en la fase de trámite finalista y que no pasará a Pleno. Ojalá decaigan
también, y para siempre, los propósitos manifiestamente mercantiles y de las
políticas neoliberales de gobiernos futuros. Pero hoy por hoy: hemos
ganado!
Decían que el objetivo era
el de "mejorar" la estatal (sept 2017) y adaptar las Directivas
Europeas 23 y 24/14. De
hecho, ninguna de las dos cosas era cierta: ni mejora, ni transpone, ni hacía
ninguna falta. Al contrario, desarrolla los objetivos y métodos para
externalizar la gestión de "servicios a las personas". Eufemismo
fácil de aclarar: externalizar -fuera del sistema público- servicios a las
personas -servicios públicos- para contratar a empresas privadas -con carácter
"oneroso" - significa privatizar.
De las directivas de la UE, señaló que no obligan en ningún caso a la
mercantilización y que la gestión queda en manos de cada
Gobierno. " Debe recordarse que ninguna disposaición de la
presente Directiva obliga a los Estados Miembros a subcontratar o externalizar
la prestación de servicios que décimo prestar ellos MISMOS oa organizarlos de
otra manera .... " (sic) 2014/24 / UE.
A partir de estas dos
falacias de salida, se han tramado varias versiones elaboradas bajo la dirección de Economía, de
donde le viene el título llano de 'Ley Aragonés', en deshonor de su
titular. Todo un articulado exhaustivo de cómo hacer y blindar las
maniobras contractuales más neoliberales imaginables en beneficio del sector
privado, como receptor de todos los servicios públicos imaginables en sanidad,
salud, educación, servicios sociales, dependencia. Todo.
A pesar de un lenguaje
repleto de supuestas buenas intenciones, lo que pretendía esta chapuza legislativo era allanar el método y
blindar las privatizaciones, con rango de "ley", ya pensando en
futuras contrataciones como protegiendo y legalizando muchas componendas
actualmente en gestión y con numerosos litigios legales en la maldita historia
de corruptelas y nepotismos en nuestro país.
No es necesario recordar el
contexto, o sí. Que Cataluña vive y sufre una situación muy lamentable en retroceso de financiación de estos
servicios fundamentales, y desde la década negra 2009-2019, un auténtico
aluvión de recortes, corepagaments , pérdidas de servicios y
asistencias, deterioro y precarización de condiciones de trabajo en el sector,
incremento insoportable de listas de "desde / espera", y pérdida de
calidad, amén de casos escandalosos de corrupción. Un escenario terrible y
de enorme preocupación / indignación social, al que sólo faltaba el toque de
gracia final con la amenaza de esta Ley.
Un proceso a escondidas
mediático, bien "internalizado" dentro del Parlamento. Sorprendente, sí, era cierto, el apoyo general que
predicaban sus ponentes. Un tráfico con grandes déficits de participación
social a pesar de su trascendencia.
La alarma se fue cociendo
desde las bases. Sobre
todo desde el sistema sanitario, educativo, de atención a personas más frágiles
o dependientes, trabajadoras de los llamados sectores asistenciales. Sólo
a título ilustrativo cabe citar las Mareas (Blanca y Pensionista), la FaPaC, o
fuerzas sindicatos minoritarios, aparte de la CUP, o Cataluña en Común Podemos
en su vertiente más social o sectorial.
Pero lo cierto es que se
construyó día a día una plataforma ancha y transversal denominada "Paremos la Ley
Aragonés" y que empezamos todo una serie de acciones, charlas,
concentraciones reivindicativas, mociones en los Ayuntamientos, e incluso
manifestaciones como la del 17 de noviembre como máximo exponente de
participación.
El Departamento ni siquiera
nos respondieron cuando como Plataforma pedimos y reiterar hablar. La voluntad de diálogo y calidad democrática con
la ciudadanía apoderada (y titular de los sistemas públicos) ha sido nula.
Sabemos que
volverán. Hay demasiado dinero y compromisos en juego. Pero hoy nos toca celebrar como ciudadanía. Y
ellos hacer acto de reflexión y autocrítica si quieren enmendar errores que son
horrores. Si no lo hacen nos volverán a encontrar frente defendiendo lo
nuestro y ya hemos conquistado varias veces en la historia. Somos más y
tenemos razón, salud !!
Toni Barbará
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