MADRID/OVIEDO, 15 Jul. (OTR/PRESS) -
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) pierde un total de 3.416 beneficiarios de promedio al mes en 2014, según
el 'XIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia', elaborado por
la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que además
suspende a once gobiernos autonómicos la gestión de la dependencia.
Según esta organización,
las medidas de recorte adoptadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad hace ahora dos años, han impactado "gravemente"
en el sistema de atención a la dependencia, "impidiendo el acceso" a
nuevos usuarios, "desatendiendo" a quienes estaban a la espera de
recibir prestaciones pese a que tenían derecho, reduciendo el número de
personas atendidas y de atenciones prestadas, y poniendo "al límite de sus
capacidades de provisión de servicios y de gasto" a las administraciones
autonómicas.
El estudio señala que al finalizar 2011, el número de
personas dependientes que figuraban como atendidas con alguna prestación o
servicio ascendía a 738.587 personas, una cifra que se reduce a 736.777
atendidos a 31 de mayo de 2014, es decir, 1.810 menos. "La conclusión es
obvia y dolorosa, solo se accede a recibir atenciones (prestaciones o
servicios) en la medida en que se producen bajas en el sistema", alertan
los autores.
Asimismo, indican que mientras en 2010, el saldo neto
promedio de incorporación al sistema recibiendo atenciones arrojó una cifra de
16.217 personas al mes, dicho saldo ya se redujo a 6.724 personas/mes en 2011.
Los años 2012 y 2013 presentaron incrementos netos medios de 1.080 y de 191
personas/mes respectivamente y, finalmente, en lo que llevamos de año 2014 (5
meses) el saldo neto es negativo, perdiéndose cada mes un promedio de 3.413
usuarios atendidos.
SE REDUCE LA LISTA DE ESPERA POR FALLECIMIENTOS
Para los autores del dictamen, la afirmación
"sistemática y triunfalista" del Gobierno de que se ha reducido la
lista de espera contiene una parte de verdad y otra buena parte de
"ocultación de la evidencia".
En concreto, indican que la reducción de la lista de
espera --que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas-- no es fruto del
incremento de atendidos, sino el resultado combinado de retirar el derecho a
atención a las personas con grado I (nivel 2) que no estuvieran recibiendo
atenciones a 31 de diciembre de 2011 y de las bajas (por fallecimientos) que se
producen en personas pendientes de atención.
El dictamen revela que la financiación "ha tocado
techo" y es "absolutamente insuficiente y altamente ineficiente"
en el tipo de gasto que se realiza. El tipo de servicios entregados y la
calidad de los mismos, "no solo no han mejorado para las personas
dependientes, sino que ofrecen menor intensidad de atenciones", advierte.
REDUCCIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
En términos de esfuerzo público, la Asociación de
Directores y Gerentes indica que se ha producido una "reducción
paulatina" del mismo, que es lo que, a su jucio, repercute en la
"imposibilidad de atención" a las personas en lista de espera e
incluso en la disminución de personas atendidas. "Se trata, en suma, de la
demostración palmaria de la situación de colapso que sufre el sistema",
añade.
Según las estimaciones del Observatorio de la Dependencia,
sobre el gasto global en atenciones 2013, la AGE aportó el 19% de la
financiación y en términos de gasto público (respecto a las comunidades
autónomas su aportación habría sido del 23,4%, muy por debajo del 50% previsto.
"Resulta evidente que la aportación estatal ha ido menguando
proporcionalmente al incremento del copago, recayendo la mayor parte del
esfuerzo en las comunidades autónomas", añaden los autores.
SÓLO DESTACAN CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO
Sólo Castilla y León, y País Vasco destacan en la
aplicación de la Ley de la Dependencia, mientras que once comunidades suspenden
--C.
Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla, Baleares, Aragón, Asturias, Galicia,
Madrid, Navarra y Cataluña-- "con una tendencia generalizada
negativa en los últimos meses".
La aplicación de la escala de valoración
territorial del informe evidencia que las comunidades que llevaban un recorrido
aceptable, se mantienen; y las que tenían "muchas deficiencias" de
gestión, ahora no pueden acelerar para que el principio de igualdad de acceso
al derecho sea efectivo.
Esther Díaz García
Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias
Se mantiene invariable el "empecinamiento" de algunos gobiernos autonómicos de no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla. Estas comunidades con calificación de "muy deficiente" son la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Aragón y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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1 comentario:
Curiosa la gestión de la Dependencia en Asturias. Desde el PSOE se critica la gestión de la Dependencia por parte del Gobierno del PP y ellos aplican los mismos criterios en Asturias, cuando es en esta Comunidad donde se producen más casos de ICTUS de toda España y por tanto más discapacidades y dependencia genera. Reducen la cuantía en la prestación a los cuidadores no profesionales, permiten el cierre del único Centro de referencia de rehabilitación de Daño Cerebral en el Principado. (CEBRANO) Un modelo de gestión que iguala al PP en otras autonomías.
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