ANTE EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD, DERECHOS FRENTE A RECORTES

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que fue proclamada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un día muy significativo, donde al margen de los actos oficiales que puedan realizarse, quienes vivimos la discapacidad de cerca por tener familiares afectados, debemos asumir el compromiso de denunciar la ausencia de apoyos y medios, y concienciar a todos de la necesidad de visualizar los derechos de este sector, si cabe, todavía con más fuerza.

En nuestro país hay más de 3,5 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad, donde la probabilidad de sufrirla aumenta con la edad y donde algo más de dos millones de esas personas son mujeres, mientras que el número de hombres no supera el millón y medio.

¿Donde están las causas de la Discapacidad en España?

Las causas que generan la discapacidad son múltiples, pero las más visibles las encontramos en el mundo del trabajo, donde la responsabilidad empresarial en muchos casos es más que evidente al no invertir en mejorar las condiciones de salud laboral de sus trabajadores o por imprudencias cometidas por el operario en el espacio de trabajo, con frecuencia como consecuencia de la presión y/o coacción patronal.

También, las encontramos en los accidentes de tráfico, donde conductores imprudentes provocan la muerte y la discapacidad en la carretera, a veces por culpa de ellos, a veces por el mal estado de la red vial. Accidentes domésticos,  enfermedades degenerativas que se presentan sin avisar, errores médicos o negligencias en el tratamiento de la patología, nacimientos con malformaciones congénitas, enfermedades raras que generan diversos tipos de discapacidad etc.

Causas que están reflejadas en los miles de informes médicos o forenses y que se enfrentan a la barrera burocrática en los Centros de Reconocimiento de la discapacidad por un personal sin medios y/o desbordado por la enorme demanda, o cuando no, esperando el sueño de los justos en los juzgados.

Por eso, a pocos meses de las próximas elecciones autonómicas y locales, cabe señalar también al Lobby de la Discapacidad en España representado por esas “organizaciones responsables” como decía recientemente una de las dirigentes políticamente correctas del PP. Señalar y pedir responsabilidades por muchos silencios cómplices.

Unos silencios y una falta de respuesta ante la irresponsabilidad de unos gobernantes que en nombre del “objetivo de cumplimiento del déficit” han acabado con los pocos derechos de las personas con discapacidad, sacrificado las exiguas ayudas a la dependencia y permitiendo que se siguieran perpetuado condiciones de explotación laboral entre los trabajadores con discapacidad otra legislatura más.

Además, nada mejor que aprovechar estos días para que los representantes de las personas con discapacidad exijan explicaciones a la vez que respuestas en nombre de los miles de dependientes y sus familias que todavía se encuentran inmersos en una maraña judicial, absolutamente injusta y provocada por los recortes, la falta de pago o el copago por los servicios o las revisiones indebidas del grado de dependencia.

O como en el caso de las personas con discapacidad intelectual tan vulnerables como los demás y especialmente al enfrentarse a unas condiciones de inserción en el mercado laboral que en ocasiones pueden rayar la explotación.  ¿Cuántas visitas realizan los inspectores de trabajo al cabo del año para comprobar las condiciones en las que realizan la actividad productiva muchos Talleres de Empleo donde trabajan estas personas?.

La propia Ley de integración Social del Minusválido (LISMI), aprobada en 1983 ha sido incumplida y denunciada sistemáticamente desde el mundo sindical especialmente en la aplicación del 2% de reserva de plazas en la contratación tanto en empresas ordinarias como en la Administración. Un incumplimiento que ha tenido como contrapartida la donación de importantes cantidades de dinero a Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro, declaradas de utilidad pública, o la adquisición de bienes o servicios a los Centros Especiales de Empleo ubicados en la localidad, también gestionados por entidades “sin o con ánimo de lucro”, donde los salarios son “muy bajos” y las “condiciones laborales precarias”.

¿Cuantas elecciones han transcurrido desde entonces, cuantas declaraciones, discursos, congresos, jornadas etc. Cuantas veces los candidatos y luego gobernantes se han acercado a prometer mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad? y luego, año tras año, no sólo no se han cumplido, sino que todo ha quedado en papel mojado?.

No sólo el gobierno central del PP, sino también los gobiernos autonómicos de distinto signo político han dilapidado los derechos de las personas con discapacidad para atender el “objetivo de déficit”, provocando una regresión de los derechos a la época de la beneficencia. Una situación en la que “muchas familias se ven abocadas a recurrir a campañas de recogida de tapones de plástico para costearse con su reciclaje, los necesarios recursos económicos para atender situaciones de tratamiento y/o discapacidad de familiares a las que la administración no llega”.

La ausencia de Centros de Rehabilitación públicos para atender a las personas con discapacidad fruto del Daño Cerebral es otra de las barbaridades de las administraciones que dejan a este sector de la población en manos de lo privado, donde imperan tarifas y condiciones de acceso que en muchos casos son del todo inalcanzables.

Si a todo ello le unimos la falta de conciencia ciudadana en situaciones tan visibles como la ocupación indebida de las plazas de aparcamiento o el uso fraudulento de las tarjetas acreditativas, nos encontramos con un panorama diario que no deja lugar al optimismo.

No obstante, esperemos que la próximas elecciones generales y autonómicas pongan en su sitio a cada uno y quienes ocupen de nuevo o por primera vez un escaño o un despacho atiendan con enormes dosis de sensibilidad y empeño las soluciones a los problemas que afectan a los más de tres millones y medio de discapacitados españoles en su múltiples y diferentes facetas para que dejen de ser definitivamente considerados ciudadanos de segunda.

JLRR