Opinión
Los pacientes
reclaman una continuidad en el tratamiento tras sufrir un ictus.Basta con observar la realidad social española para percatarse rápidamente del déficit en la prestación de servicios esenciales para las personas afectadas por ictus en nuestro país. Una enfermedad que ha atacado a todo tipo de personas y condición social; Hombres y mujeres famosos, periodistas, actores, ex ministros y profesionales de cualquier sector, además de miles de ciudadanos anónimos se han visto y se ven afectados por ictus.
Pero ¿qué ocurre cuando el paciente abandona el hospital? De pronto tiene que aprender a volver a hablar, o a caminar, o a procesar todos sus pensamientos.
Son muy pocos los lugares públicos
donde adaptarse a los déficit que provoca un ictus. Por eso con más frecuencia
surgen iniciativas privadas que invierten en la creación de centros de
rehabilitación integral y que cuentan con equipos multidisciplinares para
atender adecuadamente a las pacientes de ictus y sus secuelas; Neuropsicólogos,
terapeutas ocupacionales, logopedas, entrenadores personales y fisioterapeutas
son los perfiles más demandados y con menor índice de paro en este tipo de
actividad profesional.
Todo el mundo es consciente que lo
fundamental es empezar enseguida con la rehabilitación para disminuir las
secuelas. En el primer año se pueden recuperar movimientos y el habla. Un
tercio de los afectados logra reincorporarse a su puesto de trabajo. Más de la
mitad consiguen llevar una vida normal sin apenas ayuda. Un 20% puede quedar
dependiente.
Este servicio de rehabilitación imprescindible en cada provincia es una de las demandas más reclamadas por los enfermos con Daño Cerebral Adquirido, especialmente el ictus. ¿Tan complicado es que las Comunidades autónoma dispongan de una partida presupuestaria para adaptar espacios sin rentabilidad social en cada provincia, contratar a profesionales y establecer un precio público asequible a los maltrechos bolsillos de los españoles para que cualquier afectado por ictus pueda acceder a una rehabilitación pública y de calidad?.
Este servicio de rehabilitación imprescindible en cada provincia es una de las demandas más reclamadas por los enfermos con Daño Cerebral Adquirido, especialmente el ictus. ¿Tan complicado es que las Comunidades autónoma dispongan de una partida presupuestaria para adaptar espacios sin rentabilidad social en cada provincia, contratar a profesionales y establecer un precio público asequible a los maltrechos bolsillos de los españoles para que cualquier afectado por ictus pueda acceder a una rehabilitación pública y de calidad?.
Por
qué hay que dejar en manos de la iniciativa privada esta parte tan fundamental
en el tratamiento del ictus, generando a su vez frustración y rabia entre
quienes no tiene capacidad económica para acometer su rehabilitación. Una
discriminación injusta que envía a miles de personas a las catacumbas de la
sociedad, en muchos casos haciéndoles invisibles al no poder salir de casa, o
provocando graves daños psicológicos generalmente irreversibles al comprobar que
no han tenido posibilidad de acceder a un servicio de rehabilitación eficaz por
no disponer de los medios económicos requeridos.
Quienes
´solo miran por el “cumplimiento del objetivo de déficit” deberían verse despojados
económicamente y tener la desgracia de sufrir un ictus en las condiciones
económicas actuales, entonces comprenderían estas palabras.
JL
"SI QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS, VISITA EL ENLACE AMIGOS DE SOS ICTUS"
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