Según un estudio realizado por Plena inclusión España
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| La exclusión social es factor de riesgo de ictus |
· Las prestaciones económicas desincentivan el acceso al
empleo y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo porque son incompatibles con el empleo a partir de un techo de
ingresos que en media se sitúa en 476€.
· La tasa de desempleo de la personas con discapacidad
intelectual (38%) es casi tres veces mayor que la población sin discapacidad
(14,55%); la tasa de actividad tres veces menor (32% frente al 78%). Las
prestaciones no incentivan el trabajo porque trabajar implica en muchas
ocasiones perderlas.
· Plena inclusión presenta hoy su estudio "¿El sistema
de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora", que
analiza en qué medida el sistema de protección social compensa los costes
económicos añadidos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus
familias. Un sobreesfuerzo que esta organización de referencia en la
discapacidad intelectual o del desarrollo en España ya estimó en 24.237 euros
de media estatal con importantes diferencias territoriales, en su Informe del
Sobreesfuerzo económico realizado en 2014
· Este nuevo estudio identifica un total de 99 prestaciones
(21 nacionales y 78 autonómicas) tanto aquellas de ámbito general que tienen un
especial tratamiento hacia la discapacidad, como otras específicas para las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. El
análisis final pone de manifiesto una serie de limitaciones:
· La cobertura económica de estas prestaciones es muy
limitada, si la comparamos con el sobrecoste que la atención de la situación de
discapacidad supone para las personas y sus familias. De hecho, muchas de estas
ayudas solo se pueden acumular hasta un límite de ingresos, que por lo general
se sitúa en una media de 476€ para una persona.
· Todas estas prestaciones están dispersas y el acceso a las
mismas en algunos casos resulta complejo. En consecuencia, muchas personas no
se benefician de las mismas por desconocimiento de su existencia o por barreras
administrativas en su tramitación.
· Los niveles de apoyo económico, en aquellas prestaciones
que dependen de las comunidades autónomas, son muy heterogéneos: dependiendo de
la comunidad autónoma en la que se viva, los apoyos económicos a las personas
con discapacidad intelectual y a sus familias pueden ser muy desiguales.
Leer más y fuente: https://www.murcia.com/region/noticias/2018/11/27-segun-un-estudio-realizado-por-plena-inclusion-espana.asp·
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