La asociación Adacen reivindica, en el día mundial de este mal que causa daño cerebral, mejoras en el acceso a los recursos asistenciales.
El conflicto en uno de los servicios
del colectivo, subcontratado por el Gobierno Foral, sigue estancado y los
trabajadores exigen una negociación.
¿Qué es un ictus? ¿Una persona puede
recuperarse plenamente tras padecerlo? ¿Una familia dispone de ayudas en la
actualidad para poder cuidar de un afectado? Estas son algunas de las dudas
habituales que se plantean en torno a un mal que afecta a unos 4.500 casos en
Navarra, y hasta 6.353 si se tiene en cuenta a todas las personas con daño
cerebral adquirido. En realidad, desde la asociación Adacen (Asociación de Daño Cerebral de Navarra),
que agrupa a 946 socios y afectados, creen que la prevalencia ahora es mayor,
porque las últimas cifras (del Instituto Nacional de Estadística) datan de
2008. Este es uno de los puntos pendientes para estudiar un mal, pero no el
único. Desde el colectivo recuerdan, con motivo este miércoles de la
celebración del día internacional del ictus, que hay otros puntos a mejorar en
la atención de estos pacientes. La crisis también ha afectado a estos
servicios, incluidos los que gestiona la propia asociación, con un conflicto
pendiente de resolución con sus trabajadores.
“Si el siglo XIX estuvo marcado por las
enfermedades infecciosas, el XX por las cardiovasculares y el cáncer, creo que
el XXI lo estará por las cerebrovasculares”, apunta el director de Adacen,
Francisco Fernández Mista. El ictus es un trastorno que se produce en un
momento dado y de forma súbita en la circulación del cerebro y que provoca daño
cerebral. Este, de hecho, se provoca generalmente por traumatismos
craneoencefálicos, tumores o el ictus, un mal que genera preocupación porque se
detecta en un momento dado, en una vida normal, y que puede dejar secuelas. “Sí
es verdad que el trauma que puede causar es importante, porque se trata de un
proyecto de vida normal, con un trabajo, una familia, y de repente todo se ve
truncado, se puede perder el empleo, y hay que asumir unos cuidados con unas
consecuencias económicas importantes”, explica.
Hace diez años, hablar de ictus era necesitar
explicarlo, pero ahora esa situación ha cambiado. Hay varios factores de riesgo
que pueden provocar un ictus, a menudo también llamado apoplejía. El principal,
ser mayor de 65 años, que ocurre en prácticamente seis de cada diez casos.
Además, está el abuso del alcohol, el tabaco, el colesterol, la falta de una
actividad física saludable… Al final, llevar una vida con los consejos adecuados
para cualquier persona puede reducir hasta “en un 80%” las posibilidades de
sufrir este mal. Las consecuencias que puede tener varían; un 20% de los
afectados puede fallecer, otros se recuperan plenamente y hay un 44% que
convive con las secuelas. Y estas son variadas, desde la pérdida de movilidad
(por ejemplo, es habitual perder la movilidad en un brazo), se dificulta la
capacidad del habla o se pierden reflejos automáticos, como el de tragar. Y,
además de los efectos físicos, están los menos visibles, que son alteraciones
de la conducta, como situaciones de apatía que se alternan con momentos de
euforia.
¿Cuál es la clave para poder mejorar la
recuperación? Hasta 24 meses después de producirse un ictus, las posibilidades
de recuperación son altas, y mayores cuando esta rehabilitación se hace de
forma intensiva. De ahí que desarrollar nuevos sistemas que ahonden en este
apartado sea una de las principales reivindicaciones en torno al ictus
(Navarra, en cualquier caso, cuenta con una unidad pionera en el
Complejo Hospitalario para
atender estos casos de urgencia), así como la articulación del espacio
sociosanitario o promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los
servicios de atención.
Porque, en la actualidad, la familia debe
afrontar unos costes elevados para poder pagar el acceso a estos centros. La
crisis ha dejado prácticamente en suspenso la Ley de Dependencia y eso ha
conllevado que se eliminen las ayudas para cuidadores, que estas labores no
coticen y que se reduzcan las aportaciones para el copago de estos servicios.
En la Comunidad Foral, por ejemplo, se han
congelado las partidas a Adacen, que gestiona un centro de día (al que acuden
40 pacientes) y residencial (9) concertado con el Gobierno de Navarra. Este
servicio afronta en la actualidad un
conflicto laboral porque
su personal, así como el de otros centros de atención a la discapacidad
subcontratados por el Ejecutivo (uno de Adacen, dos de Aspace y la mayoría
restante, de la firma SAR), por el pago pendiente de ciertos complementos o la
negociación fallida de un convenio. Esta situación incluso ha provocado una
huelga indefinida que, ahora, se mantiene pero con paros puntuales en
determinadas jornadas.
Desde sindicatos como CCOO han criticado la
falta de movimientos en torno a este tema, y han exigido al Gobierno Foral que
se implique. Desde Adacen, mientras, el director espera que haya “una
solución”, algo que desde la plantilla ven complicado ante la falta de diálogo.
La asociación, por otro lado, además de esos servicios en centros de día y
asistenciales, también ofrece atención ambulatoria en domicilios (a 102
usuarios) y servicios de orientación e información. En total, en la actualidad
atiende a 332 personas.
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