El número de beneficiarios va en
caída libre: en agosto se atendió a 2.971 personas menos que en julio
Las personas ya atendidas sufren
recortes en sus prestaciones tras recalcular las cuantías que reciben o su
grado de necesidad
"En un principio cobraba 158 euros. Luego me lo
bajaron a 152 y ahora me han dejado con 22,14 euros al mes", dice una
mujer que se ocupa desde siempre de su hermano, discapacitado
psíquico
Contar la historia de Teresa es poner rostro al desmantelamiento
de la Ley de Dependencia. Desde que solicitó una ayuda en 2009, ha ido
sufriendo, paulatinamente, varios de los recortes que se han ido aplicando a la
norma. Teresa en realidad no se llama Teresa. Su hija, quien relata la
historia, quiere que se mantenga su anonimato. Teme que la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha acabe por quitarles la poca
ayuda que aún reciben.
La mujer tiene 86 años, vive en un pueblo de Albacete y necesita
atención las 24 horas del día: tiene diabetes, unas vértebras desgastadas que
la atan a una silla de ruedas y el alzhéimer empieza a hacer mella. También
lleva años con tratamiento para combatir una depresión ya crónica. Tras ver
menguada progresivamente la paga al cuidador familiar, se ha quedado sólo con
una hora diaria de ayuda a domicilio. Su marido murió antes de recibir la
ayuda.
Siete años y nueve meses después de su entrada
en vigor, la Ley de Dependencia pierde beneficiarios a pasos agigantados. Los
últimos datos oficiales muestran que en agosto 2.971 personas han dejado de
recibir algún tipo de ayuda. Es la mayor caída en lo que va de año.
La cifra asciende a 17.075 personas atendidas
menos si tomamos como punto de referencia la entrada del Partido Popular en el
Gobierno. El sistema, en lugar de ampliarse, vive un retroceso que apunta al
progresivo desmantelamiento del sistema: en sólo un mes hay 5.232 solicitudes
menos y se han realizado 1.274 dictámenes menos, aunque haya una lista de
espera de 176.667 personas. El presupuesto, en tanto, ha menguado. Para 2015
habrá 1.177 millones, un 15% menos que en 2012, todo ello para las 721.512
personas que ya están dentro del sistema.
La explicación no es que estemos equilibrando nuestra pirámide
poblacional. Tampoco es que enfermemos menos. La razón es que, mientras los
beneficiarios de las ayudas van muriendo, el sistema no atiende a nuevas
familias. "Se impide el acceso a nuevos usuarios y se desatiende a quienes
estaban a la espera", apunta la Asociación de Directoras y Gerentes en
Servicios Sociales, que cada mes analiza las estadísticas públicas. Detrás de
todo está el recorte de 2.200 millones de euros que han sufrido los servicios
sociales de 2011 a 2013, denuncian. Sólo en Dependencia, la aportación estatal
ha caído en 500 millones de euros (de 1.803 a 1.317) desde 2010.
Las personas atendidas acusan el retroceso. A Teresa la cuidaba
su hijo. Reconocida como dependiente severa desde 2010, tardó un año en empezar
a cobrar los 335,62 euros mensuales que le correspondían como paga por los
cuidados en el entorno familiar. Hasta septiembre de 2012, cuando se le anunció
que se rebajaba la cuantía de su prestación a 285,27 euros mensuales.
¿Por qué ese cambio repentino? En Castilla y León, como en
muchas otras autonomías, hicieron una particular interpretación del Real
Decreto que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio de 2012. La norma
rebajaba las cuantías a recibir por los nuevos beneficiarios. Nada rebajaba a
los antiguos. Pese a ello, a Teresa se le aplicaron las cuantías nuevas, aunque
llevaba tres años en el sistema. Hace unos meses se le recortó la paga aún más:
ahora ingresa 282 euros al mes. "Sea como sea, nos han rebajado la
cuantía", denuncia José Luis Gómez, portavoz de la Plataforma de
Dependencia de Castilla-La Mancha. Cada vez es más común, denuncia, que a quien
no le aplican las nuevas cantidades, le rebajen el grado de dependencia. Y a
menos grado, menor paga.
La familia de Teresa también ha tenido que ver cómo el marido de
esta murió sin haber visto ni un céntimo de la ayuda que le hubiera
correspondido. El reconocimiento de que era un gran dependiente (el grado
máximo) llegó el pasado enero, un mes después de su muerte. Una vez más, la
explicación está en el Real Decreto de julio de 2012: anuló la obligación de la
Administración de pagar la retroactividad durante los dos primeros años desde
que se pide la ayuda. Ello está avalando los retrasos en la concesión de las
ayudas y que descienda el volumen de personas atendidas.
Teresa tiene depresión desde hace años. La
muerte de su hijo, una semana después de la de su marido, víctima de un cáncer
fulminante, la ha hundido más. Y su situación ha ido a peor. Tras comunicar el
fallecimiento del cuidador familiar, el pasado mes de junio, la Administración
revisó su caso. Nadie les visitó, asegura su hija, pero les notificaron que,
por incompatibilidad de servicios, se le retiraba la ayuda económica y se le
mantenía el servicio de ayuda a domicilio. Eso sí, recortado a una hora al día.
La semana pasada la familia presentó un recurso de alzada. Además, la
Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha ha denunciado ante el fiscal
general del Estado que se está aplicando de forma ilegal la legislación.
Rebaja de la ayuda al cuidador familiar
Lidia Recarte también ha visto cómo la ayuda
económica que recibía por cuidar de su hermano ha sufrido una drástica bajada.
"En un principio cobraba 158 euros. Luego me lo bajaron a 152 y ahora me
han dejado con 22,14 euros al mes", explica la mujer, vecina de
Valladolid, de 41 años. Lleva "desde siempre" cuidando de su hermano
Ricardo, de 53 años, con una discapacidad psíquica que le impide valerse por sí
mismo.
Aunque no tiene reconocido el máximo nivel de
dependencia (le dejaron en el grado 2, de los tres que hay), Lidia explica que
"hay que bañarle, afeitarle y triturarle los alimentos". Un trabajo
que la ocupa las 24 horas del día. La madre de Lidia y Ricardo también vive con
ellos, pero colabora en momentos puntuales, los que le permiten los achaques de
sus 80 años. La hija de Lidia, de 15 años, también vive con ellos.
"Ojalá no tuviera que estar
mendigando esto. Pero es que al final nos están llevando a la caridad y yo ya
no puedo rebajarme más. Sólo quiero lo que les corresponde a mis hijos"
"Te mandan cartas y no las
entiendes", lamenta Lidia. La familia ha denunciado su situación con la
ayuda de la Plataforma de la Dependencia de Valladolid. Su hermano cobra una
pensión no contributiva de unos 500 euros mensuales debido a su discapacidad,
pero ni es nueva ni ese hecho ha afectado a otras familias en similares circunstancias,
denuncia Lidia, que asume la situación entre indignada y resignada.
Una vez más, la inestabilidad económica, el
riesgo de exclusión, acompaña a la dependencia. Con poco más de 1.000 euros
pasan el mes las cuatro personas de esta familia. Lidia ha estado cobrando
hasta ahora 536 euros de la renta garantizada de ciudadanía, también conocida
como renta mínima o básica en otras autonomías. Ahora la han contratado a
tiempo parcial para seis meses. Está contenta de volver a cotizar, aunque le
suponga un esfuerzo sobrehumano: su hermano sigue necesitando ayuda
continua.
Pagos retrasados en Valencia
Para Sabina Burguete, castellonense de 43
años, la vida es atender y cuidar de sus dos hijos. Los dos son dependientes.
Sabina enviudó hace tres años y vive de las pensiones de viudedad y de orfandad
y de los casi 600 euros de la Ley de Dependencia por cuidar de sus hijos. La
Generalitat Valenciana lleva años pagándoselos con meses de retraso. El jueves
pasado cobró la mensualidad de junio. Sabina tiene una hipoteca y está viendo
que sus gastos se incrementan. "Ahora también tengo copago
farmacéutico", se queja. Cada mes gasta alrededor de 100 euros: "No
sólo en medicamentos, también en cremas para la irritación que el pañal le
causa a mi hijo pequeño", explica.
Diego tiene 14 años y sufre un retraso
psicomotor grave. Tiene un 84% de discapacidad y está reconocido como un gran
dependiente. Lleva pañales y no puede hacer solo ninguna actividad del
día. Su hermano Álvaro, de 17 años, tiene un 46% de discapacidad intelectual y
un grado 2 de dependencia. Sufre una malformación congénita que le ha provocado
un trastorno del desarrollo. A diferencia de su hermano, va consiguiendo, con
mucha ayuda y dedicación, cierta autonomía, "aunque siempre será un niño
grande", dice Sabina.
El gasto en luz y en agua, en detergentes, en
suavizantes, se dispara en su casa. "Imagínate un niño de 14 años, que ya
es más grande que yo, que duerme con pañales. Cambio las sábanas casi a
diario", justifica Sabina. "Ojalá no tuviera que estar mendigando
esto. Pero es que al final nos están llevando a la caridad y yo ya no puedo
rebajarme más. Sólo quiero lo que les corresponde a mis hijos", reclama.
"Soy la voz y las manos de mis hijos. Debo quejarme".
Entre queja y queja, Sabina transmite, en conversación
telefónica, que no se rinde, que seguirá adelante. "No tengo ninguna vida
social, ni nadie que cuide de mí", lamenta. Las horas que sus hijos pasan
en un colegio de educación especial –"por suerte es público,
gratuito", recalca– apenas le cunden para comprar, poner lavadoras,
cocinar y limpiar la casa. Pero asegura que seguirá saliendo a la calle y
colaborando con la Plataforma de la Dependencia de Castellón.
El papel que están jugando las Plataformas de
la Dependencia, apoyándose unas familias a otras, está suponiendo un atisbo de
esperanza para centenares de miles de personas. La Plataforma Dependencia de
Castilla-La Mancha acaba de iniciar una campaña para recaudar dinero. La Junta
de Castilla-La Mancha ha reclamado a una mujer los 2.736 euros que se le dieron
para adquirir una silla moldeable
para su hijo, ya fallecido. La mujer empleó ese dinero en incinerar al niño. El
niño, Jomián, de 13 años, falleció en marzo en Albacete sin que la Junta
reconociera su derecho a una prestación económica de acuerdo a la Ley de
Dependencia.
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