Fran tiene 28 años y una discapacidad intelectual del 83%. Su madre
Trinidad es su cuidadora no profesional, una prestación estipulada en la ley de
Dependencia. “Nunca lo podemos dejar solo”, explica su padre, Braulio Gil. Por
ejemplo, lo llevan de su casa, en el Eixample Esquerra de Barcelona, a
Bogatell, donde asiste a un centro ocupacional. Este servicio de rehabilitación
busca su máxima integración social. La plaza allí se la otorgó el Departamento
de Bienestar en 2009. Ahora, la misma Generalitat le dice que adeuda 8.000
euros por dicho servicio, pues su madre ya le cuida. Y, para cobrárselo, a Fran
le descuentan el 30% del dinero de la prestación de cada mes.
“Le están recortando la pensión a mi hijo y al mismo tiempo nos dicen que
somos morosos”, se queja Gil. Su caso, como el de muchas otras familias —la
Generalitat no ha proporcionado una cifra de afectados—, se debe a la llamada
incompatibilidad de prestaciones. En 2012, un Real Decreto recortó el alcance
de la Ley de Dependencia. Entre otras cosas, acabó con el descuento de los
cuidadores familiares en la Seguridad Social y establecía que algunas ayudas no
podían compatibilizarse.
Los servicios jurídicos de la Generalitat interpretaron que recibir la
prestación de un cuidador no profesional no puede simultanearse con el hecho de
tener la plaza del centro ocupacional. Desde el punto de vista de la
Administración, es como si se pagara a la vez canguro y guardería para un niño
durante las mañanas. Se determinó entonces que se debía reducir el monto de la
prestación de cuidador no profesional y, de manera retroactiva, reclamar lo
equivalente a los servicios prestados en el pasado por el centro ocupacional.
Bienestar aplica recortes en las ayudas para cobrar
las deudas
La Ley de Dependencia establecía que Fran tiene
derecho a recibir 354 euros al mes debido a su grado de dependencia severa. Él
cobraba el dinero desde 2009. En septiembre de este mismo año, Bienestar le dio
una plaza en el centro ocupacional. Hasta que a finales del año pasado le llegó
una carta diciéndole que era un deudor de la Generalitat. La factura era de
12.000 euros. Como ya tenía la plaza, se le redujo a la mitad el dinero de la
prestación.
“Presentamos un escrito a la Generalitat en
diciembre y solo nos respondieron en julio pasado. Nos dijeron que se habían
equivocado en los cálculos y que en realidad debíamos 8.500 euros. Y como nos
negamos a pagarlo de golpe nos impusieron cuotas cada mes, que descuentan de la
prestación por dependencia”, explica Braulio Gil. “Antes recibíamos 354 euros
al mes y ahora apenas nos ingresan 124”, añade.
Desde Bienestar aseguran que está obligada a cobrar
la deuda pues se trata de dinero público. “Se evalúa la capacidad de la familia
antes de decidir cuánto es la cuota”, asegura una portavoz, que niega que se
esté haciendo revisiones indiscriminadas de los expedientes para identificar
casos de incompatibilidades. Algunos casos comenzaron incluso durante la pasada
legislatura y respondían a ayudas concedidas durante el tripartito. El
protocolo del departamento establece que cuando se identifica un caso se
comunica al afectado y se inicia el proceso.
Antes recibía
354 euros al mes y ahora 124”
“Un centro ocupacional no puede equipararse a un
centro de día, que es de lo que habla la ley de incompatibilidades. Son
servicios completamente diferentes", explica Rosa Cadenas, presidenta de
la Federación Catalana de las Entidades de la Discapacidad Intelectual, Dincat.
El padre de Franc recuerda que hay fallos del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña que avalan esta tesis. El 2263/2012, establece que “persiguen una
finalidad distinta” ya que los ocupacionales buscan “la rehabilitación, no el
cuidado, asistencia o supervisión”.
Cadenas critica que los servicios
jurídicos “hilen tan fino” en la interpretación de la ley. Y lo achaca a la
falta de fondos públicos, especialmente por los recortes en la Ley de
Dependencia que se imponen desde Madrid. Pero también pide a la Generalitat que
haga lo propio. Según Dincat, en Cataluña hay 655 personas que no tienen acceso
a un servicio de atención diurna y a servicios de acogida residencial. “Una
inversión de cinco millones de euros [equivalente al 0,016% del presupuesto de
la Generalitat] podría solucionar esta situación”, explica Cadena.
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