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viernes, 18 de julio de 2014

LA JUNTA DE ANDALUCIA DICE QUE NO PUEDE APLICAR LA LEY DE DEPENDENCIA AL RITMO QUE LE GUSTARIA

lainformacion.com
miércoles, 16/07/14

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)


La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, manifestó este miércoles que su comunidad no puede aplicar la Ley de Dependencia al ritmo que le gustaría.
“La dependencia no está en Andalucía como nosotros quisiéramos, lo que significa que estamos manteniendo la inversión en dependencia contemplando 1.115 millones de euros en nuestro presupuesto de 2014, mientras que el Gobierno dedica 1.200 millones para toda España, cuando debería ser el 50% según establece la memoria económica de la ley. En este sentido, el Gobierno (central) no cumple con lo establecido”, dijo Sánchez Rubio en una entrevista concedida a Servimedia.
Al mismo tiempo, denunció que actualmente la inversión en dependencia es de un 72% por parte del Ejecutivo andaluz y de un 28% por parte del Gobierno central, cuando tendría que ser de un 50% por ambas partes.
Asimismo, Sánchez Rubio alertó de que desde el año 2012 se han ido aprobando decretos que han modificado la ley, el último de ellos en diciembre de 2013, que han derogado materias, disminuido la intensidad de los servicios y reducido la partida presupuestaria, lo que ha provocado que se haya paralizado la legislación para aquellas personas que tienen un grado de dependencia moderada.


160.000 ATENDIDOS EN ANDALUCÍA

Agregó que Andalucía ha atendido a 160.000 personas con dependencia, lo que supone el 22% del total de personas atendidas en toda España, lo que ha provocado que debido a las distintas modificaciones que la legislación ha sufrido, la Junta haya tenido que afrontar en solitario la financiación de servicios como los de teleasistencia.
“Atendemos a 160.000 personas con dependencia, lo que supone un 22% del total de los atendidos en España. A ellos hay que sumarles las 188.000 personas con telasistencia que atendemos en solitario, aportando 22 millones de euros. Eso es un problema, porque va a ser complicado mantener el sistema, ya que cada año se tiene que atender a más gente con menos dinero”, subrayó.

Sánchez Rubio solicitó al Gobierno que se reúna con todas las comunidades autónomas para alcanzar puntos de encuentro que hagan sostenible el sistema, al tiempo que se garantizan los derechos de las personas con dependencia.
“En la reunión que hoy mantendremos las comunidades con el Gobierno no me voy a levantar de la mesa hasta que se atienda este problema, porque además en los decretos que se nos van a presentar se han olvidado, con lo que costó introducirla, de la autonomía personal. Es necesario hablar de todos los asuntos que tienen importancia”, expuso.
La consejera considera que uno de los errores de la ley es que “se confundió discapacidad con dependencia, lo que ha provocado que la sociedad haya dejado de hablar de discapacidad para hablar de dependencia”.
“Hay confusión porque las personas con discapacidad quieren ser autónomas y no dependientes. Esa confusión viene determinada por la ausencia de recursos económicos. Es gravísimo que la ley se vaya adaptando a los recursos económicos disponibles. Hay que reflexionar sobre el alcance de la ley a largo plazo”, afirmó.


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