Díez Tejedor lo explica así: "Si la sanidad
pública invierte en las medidas de rehabilitación para que queden menos
dependientes, ahorraría. Ese ahorro en dependencia se puede cuantificar con
facilidad, pero hay otro que es difícil de cuantificar, y que es el
personal.
Es la diferencia entre tener un entorno feliz, una
familia feliz, y una familia que ha quedado atrapada con el problema de una
persona dependiente, que termina afectando a todos".
Para dimensionar este problema la SEN ofrece un
buen puñado de datos: cada año se producen más de 120.000 ingresos
hospitalarios por ictus; es la primera causa de muerte entre las mujeres; una
de cada dos personas afectadas por un ictus no se recupera: fallece o tiene
secuelas de gran dependencia o incapacidad, y el 35 por ciento de las
personas que sufren un ictus están en edad laboral.
Pero dejando al margen la rehabilitación de estos
pacientes, sería injusto decir que el Sistema Nacional de Salud no se está
preocupando de este problema. Lo cierto es que todas las fuentes consultadas
reconocen que se ha avanzado mucho en los últimos años para abordar estos
accidentes vasculares con la rapidez que requieren. Las mejoras se pueden ver
por meses en, por ejemplo, la apertura de unidades de ictus hospitalarias. Las
comunidades autónomas sacan pecho al hablar de su red de ictus porque,
aunque no encabecen la lista de las que mejor tienen resuelta esta atención, es
indiscutible que hoy salen mejor en la foto de lo que salían ayer.
Hay más de 50 protocolos de ictus en España:
el del Sistema Nacional de Salud; los autonómicos y los hospitalarios. Pero la
actuación es similar en todas las autonomías, al margen de las grandes
diferencias de dotación de recursos. El llamado Código Ictus se activa desde
los servicios de Emergencia.
La SEN pide al paciente que cuando reconozca alguno
de los síntomas asociados a este accidente (déficit focales, pérdida de
fuerza en una parte del cuerpo, dificultad en el habla, en la visión, en el
equilibrio, dolor de cabeza brusco) no vaya al hospital, sino que llame al
teléfono de urgencias.
Cuando la ambulancia llega a casa del enfermo y
confirma que está sufriendo un ictus, advierte al hospital de referencia de que
tenga todo listo para que se "encuentre el pasillo despejado". Se
realiza un TC, para descartar que sea un ictus hemorrágico (el 80 por ciento
son isquémicos), y así poder suministrar la trombolisis farmacológica, un
medicamento que se inyecta en las venas, va directamente al trombo y lo
deshace, provocando una pequeña explosión.
Esta medicación tiene un periodo ventana de
efectividad que los expertos calculan en 4 horas y media tras la
identificación de los síntomas. Una vez suministrado el fármaco, el paciente
debe ser trasladado a una unidad de ictus para permanecer en observación y
valorar la conveniencia o no de realidad una trombectomía mecánica, que
es la eliminación del trombo mediante un catéter. El periodo ventana de esta
técnica es de un máximo de siete horas desde la aparición de los
síntomas.
"Cualquier paciente que sufra un ictus, al
margen de dónde viva, tiene que acceder a todas los medios diagnósticos y de
tratamiento específico que permitan mejorar su pronóstico. Tendría que
ser en una hora máxima desde el comienzo de los síntomas", reconoce María
Alonso de Leciñana, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades
Cerebrovasculares de la SEN.
Alonso de Leciñana
afirma que en los últimos años se han acortado mucho los tiempos de respuesta,
aunque apunta las grandes diferencias que existen entre comunidades. En la
mejora de este servicio señala la importancia de asegurar la cercanía de un neurólogo,
algo que se está logrando con la apertura de unidades de ictus, con un
especialista las 24 horas y personal de enfermería especializado.
Pero el gran freno para abrir este tipo de servicio
es la falta de profesionales. "El mayor coste asociado a una unidad
de ictus es el del personal. Hay que contar con un neurólogo de guardia de
presencia física las 24 horas del día, y personal de enfermería con un ratio
que no puede ser superior de un enfermero por cada seis camas", apunta
Arenillas. También se necesitaría una mayor inversión en personal para poder
ofrecer más tratamientos endovasculares; "se requiere personal experto,
radiólogos y neuroradiólogos intervencionistas, y no hay suficientes. Es
necesario formar a expertos", apunta Alonso de Leciñana.
Para terminar por el principio, hay otro punto
claro de mejora que está en la identificación precoz de los síntomas,
algo que afecta a la población en general, pero también a los médicos de
Atención Primaria.
Los seguros privados de salud suelen
excluir la rehabilitación tras un ictus o daño cerebral"
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