Según datos del Gobierno, en una respuesta parlamentaria
al diputado navarro, Juan Moscoso del Prado que denuncia que Rajoy “se ha
desentendido de las personas dependientes, reduciendo drásticamente la
financiación del sistema, poniendo en riesgo su sostenibilidad, recortando
derechos y desmantelando la Ley”
Madrid, 13 de octubre
El número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes
en la Seguridad Social en la provincia de Navarra ha descendido en 1.115, desde
que gobierna Rajoy, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo. Este
fuerte descenso representa porcentualmente el 84% respecto de noviembre de
2011.
Según los datos del Gobierno recogidos en esta respuesta parlamentaria, la
evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a
la Seguridad Social pasó de 172.363 en el año 2011 a 14.594 en julio de 2014.
El diputado navarro del PSN-PSOE, Juan Moscoso del Prado denuncia el
“desmantelamiento de la Ley de Dependencia” y el “grave deterioro del Estado
del bienestar”. “Con la excusa de la crisis estamos asistiendo a un peligroso
cambio de modelo que demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy desprecia a los
más vulnerables”, añade. “Se ha desentendido de las personas dependientes
reduciendo drásticamente la aportación del Gobierno para financiar la
Dependencia, poniendo en riesgo su sostenibilidad, recortando derechos y desmantelando
la Ley”.
“Es necesario – afirma Juan Moscoso del Prado – garantizar de forma
efectiva el derecho de las personas en situación de dependencia”, y “analizar
qué medidas son necesarias para mantener y garantizar la sostenibilidad del
Sistema”. Un sistema que, subrayó, “genera empleo, tiene un importante retorno
en la creación de puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres”.
Los socialistas recuerdan que, entre otras medidas, el PP paralizó el
calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia
moderada acceder a una prestación o servicio; eliminó de los Presupuestos
Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283
millones; suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en
un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se
rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar;
se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la
incompatibilidad de las prestaciones.
En definitiva, en opinión del diputado Juan Moscoso del Prado “el
Gobierno ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado
importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los
beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente
insuficientes, al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de
personas en situación de dependencia”.
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