La
Administración tira de argumento clásico: son errores pasados ya corregidos
La
Junta de Andalucía no gana para sobresaltos por culpa de los informes de la
Cámara de Cuentas. La institución que se encarga de fiscalizar cómo se utiliza
cada euro público en la comunidad ha detectado en el último año todo un
carrusel de fallos o irregularidades cuando ha escudriñado bajo las alfombras
que adornan la Administración autonómica.
Sólo
en los últimos diez días dos informes paralelos han afeado los mecanismos de
gestión utilizados por la Junta. En el más reciente, la Cámara de Cuentas
alertaba de que cuatro agencias de su entramado público acumulaban al cierre de
2014 hasta 1.500 millones pendientes de cobro. Lo más llamativo es que hasta
779 millones de esa cantidad global se los debía la propia Administración.
Entre las señaladas figuraba la siempre controvertida Agencia Idea, Amaya, la
Agencia de Obra Pública o Assida (Servicios Sociales y Dependencia). No
corregirlo podría impedir que las agencias “continúen con sus operaciones”. ……………………………………..
En todos los
frentes
Pocas parcelas de la
Junta escapan a la lupa de la Cámara de Cuentas. En mayo ya había censurado al
Gobierno de Díaz haber consentido que las universidades disparasen casi
un 6% el número de órganos de gobierno en tiempos de crisis o que ninguna
dispusiese en 2012 de un sistema de control de gastos.
Más
irregularidades denunciadas a principios de año: la Junta olvidó cobrar desde
2012 hasta 60 millones de euros a su propia Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía (Amaya), lo que denotaría “problemas de control interno sobre los
saldos pendientes”. Tampoco hay transparencia en la contratación. La Cámara de
Cuentas denuncia una y otra vez abusos en el uso de los contratos
menores, pero clama en el desierto: el SAS los usó en 2014 para el 86% de sus
externalizaciones.
NI LA LUCHA
CONTRA EL ICTUS SE SALVA...
El sistema público de salud,
ahora en el ojo del huracán, tampoco se ha librado de la crítica. La Cámara de
Cuentas alertó a principios de año sobre la “falta de implantación y desarrollo
de una estructura en red” para atender a los enfermos de ictus, recomendando a
la Consejería de Salud que implantase de una vez el servicio asistencial que
contempló en su día. Sólo cinco hospitales disponían en 2014 de unidad de
atención en fase aguda, cuando lo idóneo eran 16. El ictus es una de las
primeras causas de muerte.
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