90 DEPENDIENTES MUEREN CADA DÍA SIN RECIBIR LAS PRESTACIONES O SERVICIOS A LOS QUE TIENEN DERECHO

Cada día se producen en España 90 fallecimientos de personas dependientes que finalmente no pudieron ejercer su derecho de acceso a los servicios o prestaciones determinados en la Ley, tal y como refleja el Dictamen del XVII Observatorio Estatal de la Dependencia.

de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), autora del Observatorio Estatal de la Dependencia, la reactivación del ritmo en atenciones registrado el pasado año es “claramente insuficiente como para dar respuesta a las 350.000 personas dependientes que permanecen en el ‘limbo’ de la lista de espera. A este ritmo, no se cubriría su atención ni en los próximos cuatro años”.

Y es que, tras diez años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, desde la ADYGSS se advierte que “estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera”.

Aunque la financiación no es el único problema que afronta la Ley de Dependencia, “es obvio que los recortes producidos y una visión cortoplacista de esta política social han generado enormes costes de oportunidad y, lo que es peor, un gran sufrimiento y decepción para cientos de miles de ciudadanos”, señala la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, a fecha 31 de diciembre de 2016 había en nuestro país 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración. Es decir, el 2,6% de la población española necesita apoyos, de mayor o menor intensidad, para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De estas personas, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres, más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.

Personas atendidas y personas pendientes de recibir prestación o servicio

Fuente: Observatorio Estatal de la Dependencia sobre datos SISAAD-IMSERSO

En este momento el 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 348.309 personas y a sus familias, denuncia el Observatorio Estatal de la Dependencia. Además, el 35% de las personas desatendidas (122.000), son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.

En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Esto supone que diariamente fallecen 90 personas dependientes sin haber llegado a poder ejercer su derecho a recibir las prestaciones o servicios que marca la Ley de Dependencia. Tal y como se indica desde la ADYGSS, aunque estas personas no fallecieron por esa causa, “sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”. 

Fallecimientos entre 25.000 y 30.000 personas sin haber podido ejercer sus derechos en forma de percepción de prestaciones o recepción de servicios

Fuente: Observatorio Estatal de la Dependencia * Información extraída de evaluaciones e informes del IMSERSO

El Observatorio Estatal de la Dependencia también pone de relieve el importante recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, que asciende a 3.7734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.236 millones de euros, y la reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde 2012 asciende a casi 1.000 millones de euros que estas han dejado de percibir.

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